El pasado viernes 13 de diciembre tuve el placer de participar en el Acto de Graduación de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante y escuchando el discurso de los egresados, tomé conciencia de una idea que todos los días vemos, oímos y sentimos: la política económica está al servicio de la política social, una idea que sin duda tiene su mejor impulsor en GERMAN BERNACER, economista alicantino jefe del servicio de estudios del Banco de España hasta 1955, quien desarrollo en sus obras teorías tan aplicables a nuestra economía actual que podríamos pensar fue un “Nostradamus”.
España es un Estado de Social, Democrático y de Derecho, integrado en la Unión Europea y con una distribución competencial en el ámbito tributario, sanitario y de educación realmente asombrosa, y en este sentido, considerando este marco normativo es preciso el diseño de un sistema tributario justo, que sin duda genere los ingresos para el sostenimiento del gasto público como indica el articulo 31 CE, pero sin lastrar con él, el crecimiento del sector privado y su inversión, que es el único que genera riqueza/crecimiento en un país, en consecuencia generación de empleo y por lo tanto los niveles de felicidad que reclamaba nuestro economista Don Germán Bernácer.
Según el índice de competitividad fiscal 2019, elaborado por la Tax Foundation de Estados Unidos y divulgado en España en colaboración con el Instituto de Estudios Económicos, la presión fiscal a la que está sometida España la sitúa en el puesto 23 de 36. Cuantitativamente España está sometida a una presión fiscal de casi 10% superior a la media de la Unión Europea y si desglosamos el dato para conocer cómo se distribuye esta presión fiscal, según Eurostat, la recaudación procedente de las empresas es un 30,4%, muy superior al promedio de la UE, que es un 26,2%. Es decir, nuestro país no compite en las mismas condiciones que el resto de la UE, lo bueno es que España y cada una de sus Comunidades Autónomas tienen la capacidad para resolver este problema. Las decisiones sobre política fiscal han de ser a largo plazo.
Si bien es cierto que en el ámbito nacional sería preciso un análisis técnico sobre 1) El Impuesto sobre Sociedades que con las más de 200 reformas que se han aplicado entre 2007 a 2017, ha lastrado nuestra competitividad 4 puestos o 2) En el IRPF más los seguros sociales que desincentiva el trabajo, quisiera poner el foco en las medidas que afectan al ámbito territorial autonómico; Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y el Impuesto sobre Patrimonio (IP), impuestos que gravan la riqueza, desincentivan el ahorro en consecuencia la inversión y por lo tanto impiden el crecimiento de empresas, de tejido productivo y de empleo.
Cuando el President Puig prometió en campaña que recuperaría la bonificación al 99% para empresa familiar en el ISD, sin embargo, la medida quedó temporalmente en el olvido, hace poco fue recuperada parcialmente (para empresas de menos de 10m€ de facturación) y esperemos que finalmente cumplida. Basta con comparar dos comunidades autónomas ANDALUCIA y COMUNIDAD VALENCIANA para concluir que la “eliminación” de este impuesto no es de ningún color político, es una medida inteligente de política Económica al servicio de la Política Social.
Cualquier modelo tributario debe sustentarse en criterios técnicos que respondan al principio de la capacidad económica, no al de facturación. Según datos de la Confederación de empresarios de la Comunidad Valenciana (CEV), cuya Comisión de Fiscalidad y Economía tengo el honor de presidir; el 85 % del tejido empresarial está formado por empresas familiares.
Todas ellas, con independencia de su facturación, todas, responden a un mismo elemento común, la familia, un concepto en el que subyacen los valores de unidad, solidaridad y protección, los valores más potentes para el ser humano. No es un elemento al que debamos segmentar por volúmenes de facturación, ni al que debamos cargar con más impuestos por el hecho de que sea transmitido, porque en estos casos no hay ningún beneficio adicional al de dar continuidad en una herramienta de trabajo.
Lo vital es proteger y fomentar la continuidad de la misma, de la familia, a fin de que pueda seguir generando riqueza económica en nuestro territorio. Son estas familias valencianas, las que no se trasladan a otras comunidades buscando menor presión fiscal las que deben ser reconocidas, debemos proteger a los nuestros y reivindicar alto y claro un nuevo sistema de financiación autonómica que no lastre la capacidad, el talento y las personas de nuestro territorio.
La mejora de los sistemas tributarios permite un mayor crecimiento económico, y en consecuencia una mejora del desarrollo social, queremos un sistema para todos los que hacemos “MEDITERRANEO EN VIVO” al gobierno de la Generalitat dese esta humilde reflexión le pido: “No me enseñes más postales”.
Laura C. Vicente – Socia Directora General
