Alba Navarro, consultora legal de nuestra expone que «los expertos en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo advierten de la falta de cumplimiento legislativo en la que se encuentran las empresas del sector inmobiliario respecto a la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Concretamente, ponen de manifiesto la falta de implantación de procedimientos internos tales como los canales de denuncia interna que recoge la norma española y que su incumplimiento puede acarrear sanciones de 60.000 euros».
Además, SEPBLAC, como autoridad supervisora, tiene en el punto de mira a este sector por, entre otras cosas, el deficiente análisis para identificar el origen de los recursos utilizados en las compras.
Tal y como podemos apreciar en la memoria presentada por la autoridad supervisora, indica que en el ejercicio 2017 se recibieron 44 comunicaciones de promotores inmobiliarios, agencias y otras empresas de comisión e intermediación (2 menos que un año antes). A las que suman otras 158 de los registradores de la propiedad. El mayor problema se centra en las pequeñas empresas del sector, que no le dan importancia a la necesidad de cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
