Resulta vox populi que con los impuestos, como fuente principal de ingresos, los estados tratan de financiar el gasto público y, por consiguiente, sostener el estado de bienestar, garantizando la prestación de servicios e inversiones en infraestructuras públicas.
Estado de bienestar que, en los últimos cuatro años, acentuó sus cicatrices teniendo que lidiar, con una pandemia que trastocó las cadenas de suministro, una crisis alimentaria y energética mundial provocada por la guerra de Ucrania y una voraz escalada de la inflación seguida de una contracción monetaria sincronizada a escala mundial.
Con toda la situación macroeconómica descrita, en 2024 nuestro país obtendrá 95.000 millones de euros más vía impuestos que en los años previos al COVID, alcanzando los 295.000 millones recaudados, tal y como se desprende del estudio elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) denominado “Competitividad Fiscal 2024”. Suponiendo, porcentualmente, un aumento del 28 % de los impuestos, situando el PIB en un crecimiento del 17 %.
Sin descartar, conforme a las mismas fuentes descritas, que a cierre del año se alcance el 39 %, cifra que seguirá in crescendo con el arranque del 2025.
Con esto, la presión fiscal normativa viene a situarse en un 117 %, unos 17 puntos por encima de la media de la Unión Europea, situando a nuestra península en un Estado “altamente descentralizado”, calificado por los expertos del think tank como “país regional” en lugar de unitario.
Aunque, bien es cierto, que la economía de España se ha convertido en el motor de crecimiento de la eurozona, el PIB agregado sigue expandiéndose a un ritmo vertiginoso, triplicando al de nuestros vecinos europeos, haciendo menguar, en consecuencia, el bienestar de los ciudadanos y su capacidad económico-financiera.
En lo que a la actualidad se refiere, resulta reseñable destacar el proyecto de Ley aprobado el pasado 21 de noviembre en el Congreso de Diputados que, a grandes rasgos, incluye una subida de dos puntos al tipo de IRPF, alcanzando el 30% a las rentas de capital de más de 300.000 euros, así como medidas para evitar el impacto recaudatorio que supone una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad parcial de una reforma del Impuesto sobre Sociedades, introducidas por el Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre.
Según fuentes del Ministerio de Hacienda el objetivo de la medida trata de limitar las deducciones a las grandes empresas para aproximar el tipo real que pagan las multinacionales al tipo efectivo y, con ello, cumplir lo comprometido en el Plan Fiscal y Estructural remitido a la Comisión Europea para tener acceso al desembolso de 7.000 millones de euros de los Next Generation.
Por otra parte, en lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, se contempla la reducción para empresas cuya facturación sea inferior al millón de euros de forma que en 2027 la base imponible comprendida hasta 50.000 euros tendrá un tipo de gravamen del 17 % y el resto de la base tendrá un tipo del 20%.
Medida que se implementará de forma progresiva hasta el 2027, presentando el siguiente esquema que persigue fomentar la reinversión de beneficios, mejorando la capacidad de inversión, estimular la competitividad y, en esencia, dar oxigeno a las microempresas y pymes.
Ø Microempresas (INCN< 1 millón €)
- 2025: Los primeros 50.000 euros de beneficio tributarán al 21%, mientras que el resto estará sujeto a un tipo del 22%.
- 2026: Los primeros 50.000 euros de beneficio bajarán al 19%, y el resto al 21%.
- 2027: Los primeros 50.000 euros se gravarán al 17%, y el resto al 20%.
Ø Empresas de Reducida Dimensión (ERD) con facturación entre 1 y 10 millones de euros.
- 2025: Tipo fijo del 24%.
- 2026: Reducción al 23%.
- 2027: Disminución al 22%.
- 2028: Disminución al 21%.
- 2029: Estabilización en el 20%.
En GESEM, disponemos de un amplio número de profesionales en el área de fiscal en el que le ayudarán a realizar este tipo de gestiones y a solucionar todas las consultas que puedan surgir al respecto de este tema.
Artículo escrito por: José Ramón Sempere, consultor fiscal en GESEM.
