En multitud de ocasiones las leyes tienen, como los largometrajes, títulos realmente grandilocuentes que no parecen afectar al día a día de las pymes. Pero lo cierto es que hay que leer la letra pequeña de todas ellas para descartar si procede o no su aplicación. Esto es lo que sucede con la ley de prevención contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, pues tiene un titular tan llamativo que podríamos considerar lejano a la operativa de las pymes de la provincia. Quizá por eso «sólo el 10% de las empresas afectadas la ha aplicado a su organización, pero nada más lejos de la realidad. La ley contempla un ámbito de aplicación amplio por dos motivos: primero, porque, según datos de la OCDE, cerca del 5% del PIB mundial se ve afectado por dinero «lavado» -un dato más que relevante- y, segundo, porque la prevención se presenta en esta ley como una actividad protectora y compartida por todos aquellos que reciben, intermedian o intervienen con operaciones en dinero de origen incierto o, como califica la ley, de origen sospechoso» es la opinión de Laura Vicente Socia y Directora General de Gesem.
En este sentido, son muchos los tipos de operaciones que se ven afectadas. La primera que nos viene a la mente es la actividad de las entidades financieras, pero lo cierto es que el ámbito de aplicación incluye, entre otras, a la promoción inmobiliaria, los servicios de asesoramiento patrimonial, las actividades filantrópicas, etcétera. Si bien el reglamento ha suavizado las obligaciones a aplicar por aquellas empresas más pequeñas -menos de 2 millones de euros de facturación y de 10 empleados-, la ley actúa por igual en cuanto a la implantación y aplicación de medidas preventivas y de control sobre sus clientes.
