La convalidación del Real Decreto-ley 29/2026 consolida un cambio de calado en el alquiler de vivienda: nuevos límites a la renta, más restricciones para los contratos temporales y por habitaciones, y un régimen reforzado frente a los desahucios de personas vulnerables. Afecta a propietarios, inquilinos, inversores y grandes tenedores, que deben revisar sus contratos y sus decisiones de compra. Desde nuestro servicio de asesoría jurídica para empresas y particulares en materia inmobiliaria.
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidó el 12 de noviembre de 2026 el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, que introduce importantes modificaciones en el mercado inmobiliario español. En la misma sesión se derogó el Real Decreto-ley 28/2026, que preveía la prórroga de los contratos de vivienda habitual hasta cinco o siete años y una indemnización al inquilino por no renovar. Esas medidas, por tanto, no han llegado a aplicarse.
Límites a la compra de viviendas por inversores y grandes tenedores hasta 2030
Limitación de las adquisiciones especulativas de vivienda por parte de determinadas entidades inversoras y grandes tenedores. Hasta el 31 de diciembre de 2030, se prohíbe adquirir viviendas por un precio inferior al 70 % de su valor de mercado tasado. Se contemplan excepciones para vivienda social y asequible. Cuando se adquiera por debajo del 70 % la vivienda habitual de una persona vulnerable sin alternativa habitacional, se suspenderán los lanzamientos (desalojos efectivos de la vivienda).
Principales cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)
El RDL 29/2026 modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos en varios frentes: la duración y la causa de los contratos temporales, el alquiler por habitaciones, los límites y la actualización de la renta, los gastos que pueden repercutirse al inquilino, la prórroga de los contratos de vivienda habitual y el derecho de adquisición preferente del arrendatario. Estos son los cambios más relevantes para propietarios e inquilinos.
Arrendamientos temporales: duración máxima de 12 meses
Su duración será superior a 31 días y, como regla general, no podrá superar los 12 meses. Además, el contrato debe responder a una causa real y acreditable de desplazamiento desde la vivienda habitual; si no la recoge, se considera arrendamiento de vivienda habitual. Si se supera ese plazo sin justificación o se celebran más de dos contratos consecutivos entre las mismas partes sobre la misma vivienda, el contrato podrá convertirse automáticamente en arrendamiento de vivienda habitual. El arrendatario podrá desistir del contrato temporal.
Alquiler por habitaciones
Los alquileres por habitaciones quedan expresamente integrados en el régimen de arrendamiento de vivienda habitual o temporal de la Ley de Arrendamientos Urbanos, según su finalidad. La suma de las rentas de los contratos por habitaciones vigentes a la vez sobre una misma vivienda no podrá superar el límite legal de referencia, previsiblemente la renta de la vivienda completa.
Límites a la renta del alquiler
Como regla general, la renta de un nuevo contrato no podrá superar la última renta vigente en los cinco años anteriores, actualizada conforme a la normativa. [REVISAR: comprobar si es un tope general o si solo rige en zonas de mercado residencial tensionado (art. 17.6 LAU); en el RDL 29/2026 figura como dato que debe informarse] No podrán repercutirse al arrendatario gastos adicionales que permitan superar los límites legales.
Actualización anual de la renta hasta 2027
Se introduce una limitación extraordinaria hasta el 31 de diciembre de 2027: la renta no podrá actualizarse si supera el límite máximo del denominado sistema de Índices Regulados para Alquileres de Viviendas (IRAV), que es otro sistema de cálculo, específico para arrendamientos y distinto del más conocido IPC. En los demás casos, el incremento no podrá superar el 2 % de la renta, salvo acuerdo entre las partes. [REVISAR: el nombre oficial es “Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda”; confirmar si el 2 % se aplica a falta de pacto]
Gastos que no pueden repercutirse al inquilino
Los más significativos serán:
- Impuestos que legalmente correspondan al propietario, como el IBI, ni trasladar al inquilino los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato.
- El seguro de impago del alquiler será siempre a cargo del arrendador.
Prórroga extraordinaria de los contratos de vivienda habitual
Se introduce una prórroga extraordinaria en los contratos de vivienda habitual que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Podrán prorrogarse, previa solicitud del arrendatario, hasta un máximo de dos años adicionales (máximo al 31/12/2030). El arrendador solo puede negarse en casos tasados, como la necesidad de la vivienda para sí mismo o familiares de primer grado.
Derecho de adquisición preferente del inquilino
- El inquilino podrá ejercer el derecho de adquisición preferente incluso cuando la vivienda se venda juntamente con otros inmuebles, siempre que sea jurídicamente individualizable (caso de venta de edificios completos, por ejemplo).
- El plazo para ejercer el tanteo (derecho a comprar la vivienda con preferencia y en las mismas condiciones que un tercero) por el inquilino será de 30 días naturales.
- Se prohíbe pactar la renuncia del arrendatario a estos derechos.
Desahucios y protección de personas vulnerables
En el ámbito procesal, la norma establece, hasta el 31 de diciembre de 2030, varios mecanismos para suspender los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Su alcance y la compensación que corresponde dependen de quién promueve el procedimiento: un arrendador cualquiera, un pequeño propietario o una entidad inversora.
Nueva suspensión extraordinaria del desahucio por impago
Se introduce un mecanismo extraordinario hasta el 31 de diciembre de 2030 para determinados procedimientos de desahucio por impago cuando el arrendatario acredite vulnerabilidad económica y carezca de alternativa habitacional ofrecida por la Administración.
- El procedimiento y el lanzamiento, en su caso, quedarán suspendidos durante un plazo máximo de dos meses.
- La Administración deberá ofrecer una alternativa habitacional o, en su defecto, pagar o consignar las cantidades adeudadas, incluidos suministros y costas.
- Si se produce el pago por la Administración o el inquilino, el procedimiento finalizará y el contrato continuará vigente.
- Si la Administración no actúa dentro del plazo, quedará subrogada en la posición deudora del arrendatario (pasará a responder de la deuda en su lugar) y no podrá ejecutarse el lanzamiento mientras persista la vulnerabilidad.
- Esta medida también se aplicará a determinados procedimientos que ya estuvieran en curso y en los que todavía no se hubiera producido el lanzamiento.
Suspensión de desahucios promovidos por propietarios que no son entidades inversoras
Suspensión de los procedimientos de desahucio hasta el 31 de diciembre de 2030 contra personas vulnerables sin alternativa habitacional promovidos por propietarios que no sean entidades inversoras.
- La Administración deberá informar sobre los recursos disponibles y ofrecer una alternativa habitacional adecuada.
- Si no existe respuesta o no hay recursos disponibles, el procedimiento podrá suspenderse hasta que se garantice una solución habitacional.
- La suspensión se revisará cada 12 meses y podrá levantarse si desaparece la vulnerabilidad, se ofrece una alternativa adecuada o transcurren tres años.
- Determinados propietarios, como personas físicas y entidades dedicadas al alquiler social o asequible, podrán recibir una compensación por las rentas dejadas de percibir, suministros impagados y costas procesales, pero no por lucro cesante (beneficios futuros que se dejan de obtener) ni daños morales.
Desahucios promovidos por entidades inversoras y grandes tenedores
- Se suspenden los procedimientos contra personas vulnerables sin alternativa habitacional cuando la parte demandante sea una entidad dedicada a adquirir inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados a precios significativamente inferiores a su valor de tasación.
- La suspensión se aplica con independencia de la fase procesal, siempre que no se haya ejecutado el lanzamiento.
- No se contempla compensación para el demandante.
Medidas fiscales del RDL 29/2026
El real decreto-ley también modifica el IRPF y el IVA en relación con el alquiler de vivienda.
Efectos prácticos del RDL 29/2026 para propietarios, inquilinos e inversores
El RDL 29/2026 supone un cambio significativo en la regulación del mercado inmobiliario español, con un claro desplazamiento hacia una mayor protección del arrendatario y una mayor intervención pública en el mercado de la vivienda.
Sus principales consecuencias son:
- Para los inversores y grandes tenedores: se limita la adquisición de viviendas con importantes descuentos respecto al valor de mercado, restringiendo determinadas estrategias de inversión inmobiliaria.
- Para los propietarios y arrendadores: se incrementan las obligaciones legales, se restringe la repercusión de gastos, se limitan las actualizaciones de renta y se amplían los supuestos de prórroga y suspensión de desahucios.
- Para los arrendatarios: se refuerza su protección mediante límites de renta, mayores garantías en los contratos temporales y por habitaciones, derechos de adquisición preferente y nuevas medidas frente al desahucio.
- Para el mercado del alquiler: se pretende evitar el uso fraudulento de contratos temporales y por habitaciones para eludir los límites legales de los arrendamientos de vivienda habitual.
- Para las Administraciones públicas: aumenta su responsabilidad en la provisión de alternativas habitacionales y en la financiación de las medidas de protección de personas vulnerables.
En definitiva, la norma busca combatir la especulación inmobiliaria, contener los precios del alquiler y reforzar la protección de los hogares vulnerables, trasladando una parte importante de la responsabilidad de garantizar el acceso a la vivienda a las Administraciones públicas y limitando determinadas facultades de los propietarios.
Qué conviene revisar ahora
Las medidas del RDL 29/2026 ya se aplican, así que hay que revisar los contratos que se firmen o actualicen a partir de ahora. Al propietario le conviene comprobar la duración y la causa de sus contratos temporales o por habitaciones, cómo calcula la próxima actualización de la renta y qué gastos repercute al inquilino. También debe tener previstas las solicitudes de prórroga extraordinaria que pueda recibir. El inquilino, por su parte, debe saber qué puede pedir y en qué plazos. Para inversores y grandes tenedores, el límite del 70 % del valor de tasación debe formar parte del análisis previo de cualquier compra.
En GSM&B informamos a propietarios, inquilinos y empresas de los cambios normativos que afectan a sus contratos de arrendamiento y les indicamos cuál es la medida más adecuada en cada caso. Si necesita valorar cómo le afecta la reforma, nuestro equipo de asesoría jurídica puede ayudarle.

