La Ley 2/2023 de protección del informante establece garantías para las personas que comunican determinadas infracciones conocidas en un contexto laboral o profesional. Además, obliga a determinadas empresas y entidades a disponer de un sistema interno de información, habitualmente conocido como canal de denuncias.
Cumplir esta normativa exige contar con un procedimiento que permita recibir y gestionar las comunicaciones de forma segura, preservar la confidencialidad y proteger los derechos de las personas implicadas. El asesoramiento jurídico ayuda a identificar las obligaciones de cada organización y a incorporarlas a su funcionamiento.
¿Qué regula la Ley de protección del informante?
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y la lucha contra la corrupción. Entró en vigor el 13 de marzo de 2023.
Su ámbito comprende las comunicaciones sobre acciones u omisiones que puedan constituir infracciones penales o administrativas graves o muy graves, así como determinadas infracciones del Derecho de la Unión Europea.
Por tanto, no cualquier queja o desacuerdo laboral queda automáticamente incluido en la protección de esta norma. Es necesario que la información y la persona que la comunica cumplan los requisitos legales. Ley 2/2023, artículos 2 y 3.
¿A quién protege la ley y qué garantías ofrece?
La protección alcanza a quienes obtienen información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional. Entre otros, pueden estar incluidos:
- Trabajadores y empleados públicos.
- Autónomos.
- Accionistas, partícipes y miembros de órganos de administración, dirección o supervisión.
- Personas que trabajan para contratistas, subcontratistas y proveedores.
- Voluntarios, becarios y trabajadores en formación.
También puede proteger a personas cuya relación laboral haya terminado y a quienes hayan conocido la información durante un proceso de selección o una negociación precontractual.
La ley prohíbe las represalias, incluidas las amenazas y las tentativas de represalia. Para acceder a la protección, el informante debe tener motivos razonables para considerar que la información es veraz en el momento de comunicarla y que está comprendida en el ámbito de la norma, aunque no aporte pruebas concluyentes. Además, debe utilizar los mecanismos previstos legalmente. Artículos 3, 35 y 36 de la Ley 2/2023.
¿Qué empresas deben disponer de un canal de denuncias?
En el sector privado, están obligadas a disponer de un sistema interno de información las personas físicas o jurídicas que tengan contratados 50 o más trabajadores.
La obligación también alcanza, con independencia de la plantilla, a determinadas personas jurídicas sujetas a la normativa europea sectorial que identifica la ley, en ámbitos como los servicios financieros, la prevención del blanqueo de capitales, la seguridad del transporte o la protección del medioambiente.
Asimismo, deben contar con este sistema los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por ellos, siempre que reciban o gestionen fondos públicos. La norma también establece obligaciones para las entidades del sector público.
Por ello, tener menos de 50 trabajadores no permite descartar la obligación sin analizar la actividad y la normativa aplicable. Artículos 10 y 13 de la Ley 2/2023.
¿Qué requisitos debe cumplir el sistema interno de información?
El sistema interno de información comprende el canal para recibir comunicaciones, la persona u órgano responsable y el procedimiento para gestionarlas.
Entre sus principales requisitos se encuentran:
- Garantizar la confidencialidad de la identidad del informante, de las personas mencionadas y de las actuaciones realizadas.
- Impedir el acceso de personal no autorizado.
- Permitir la presentación y tramitación de comunicaciones anónimas.
- Contar con una política interna y un procedimiento de gestión.
- Respetar la normativa de protección de datos personales.
- Facilitar información clara sobre los canales externos ante las autoridades competentes.
Las comunicaciones pueden realizarse por escrito, verbalmente o de ambas formas. A solicitud del informante, también debe ser posible una reunión presencial dentro del plazo máximo de siete días. Artículos 5 y 7 de la Ley 2/2023.
¿Quién es responsable del sistema en la empresa?
El órgano de administración o de gobierno es responsable de implantar el sistema, previa consulta con la representación legal de los trabajadores, y de designar a su responsable.
Esta responsabilidad puede atribuirse a una persona física o a un órgano colegiado. En este último caso, deben delegarse en uno de sus miembros las facultades de gestión y de tramitación de los expedientes de investigación.
El responsable debe actuar con independencia y autonomía, disponer de los medios necesarios y evitar conflictos de interés. La persona encargada del cumplimiento normativo puede asumir esta función si reúne los requisitos legales.
En los grupos de sociedades, la dominante debe aprobar una política general y asegurar la aplicación de sus principios en las entidades integrantes. La ley permite disponer de un sistema y un responsable comunes para el grupo. Artículos 5, 8 y 11 de la Ley 2/2023.
¿Qué plazos existen para gestionar las comunicaciones?
El procedimiento debe prever el envío de un acuse de recibo en los siete días naturales siguientes a la recepción, salvo que ello pueda poner en peligro la confidencialidad de la comunicación.
El plazo máximo para dar respuesta a las actuaciones de investigación es, con carácter general, de tres meses, con las reglas de cómputo previstas en la ley. En casos de especial complejidad, puede ampliarse hasta otros tres meses adicionales.
Durante la tramitación deben respetarse la presunción de inocencia, el honor y el derecho de defensa de la persona afectada. Esta tiene derecho a conocer los hechos que se le atribuyen y a ser oída, en el momento y de la forma que permitan preservar el buen fin de la investigación. Artículo 9 de la Ley 2/2023.
¿Qué sanciones prevé la Ley 2/2023 Ley de protección del informante?
El incumplimiento de la obligación de disponer de un sistema interno de información en los términos exigidos por la ley está tipificado como infracción muy grave.
Las multas previstas para las personas jurídicas son:
| Tipo de infracción | Multa |
|---|---|
| Leve | Hasta 100.000 euros |
| Grave | De 100.001 a 600.000 euros |
| Muy grave | De 600.001 a 1.000.000 de euros |
La ley también contempla sanciones para personas físicas y, en determinados supuestos de infracciones muy graves, medidas adicionales, como la prohibición temporal de obtener subvenciones o de contratar con el sector público. Artículos 63 y 65 de la Ley 2/2023.
Asesoría jurídica para revisar el cumplimiento de la Ley de protección del informante
Los plazos transitorios de implantación previstos en 2023 ya han vencido. Las organizaciones obligadas deben contar con un sistema operativo y comprobar que su gestión cumple las exigencias legales. Disposición transitoria segunda de la Ley 2/2023.
Cumplir la Ley de protección del informante requiere revisar los procedimientos, asignar responsabilidades y garantizar la confidencialidad y los derechos de las personas implicadas. Contar con una asesoría jurídica para empresas permite analizar las obligaciones aplicables y abordar su cumplimiento con mayor seguridad. En GSM&B te ayudamos a valorar las necesidades jurídicas de tu organización y a prevenir riesgos en su actividad.
