La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo exige que las empresas y profesionales sujetos a esta normativa identifiquen sus riesgos y adopten medidas de control adecuadas. Contar con una asesoría jurídica para empresas permite determinar qué obligaciones corresponden a cada actividad y orientar su cumplimiento.
La transposición de la quinta directiva europea supuso un cambio relevante en este ámbito. A continuación, repasamos sus principales aportaciones y su repercusión en los procedimientos de prevención de las organizaciones.
¿Cómo se incorporó la quinta directiva al ordenamiento español?
España incorporó la quinta directiva mediante el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, publicado el 28 de abril de 2021. Esta norma modificó la Ley 10/2010 e introdujo cambios en los sujetos obligados, la identificación de titulares reales y la información financiera disponible para las autoridades. Real Decreto-ley 7/2021, BOE.
Ampliación de los sujetos obligados a prevenir el blanqueo de capitales
La reforma de 2021 incorporó expresamente a los proveedores de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal y a quienes prestaban servicios de custodia de monederos electrónicos.
También incluyó la intermediación profesional en arrendamientos inmobiliarios con rentas anuales iguales o superiores a 120.000 euros o mensuales iguales o superiores a 10.000 euros. Esta previsión se refiere a quienes ejercen profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación; no convierte, por sí sola, a cualquier arrendador en sujeto obligado.
Identificación del titular real y centralización de la información
Otro de los ejes de la reforma fue reforzar la identificación de las personas físicas que, en último término, poseen o controlan una entidad.
Este objetivo tuvo un desarrollo posterior con el Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, que creó el Registro Central de Titularidades Reales y aprobó su reglamento. Por tanto, la centralización registral anunciada en 2021 ya cuenta con una regulación específica.
El registro reúne información sobre la titularidad real de personas jurídicas y de determinados fideicomisos y estructuras similares. Su consulta está sometida a las condiciones de acceso previstas legalmente y no sustituye por sí sola todas las comprobaciones que deben realizar los sujetos obligados.
Ampliación del Fichero de Titularidades Financieras
La reforma amplió la información declarada al Fichero de Titularidades Financieras a las cuentas de pago y los contratos de alquiler de cajas de seguridad.
Las obligaciones de declaración afectan a entidades de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pago. Su finalidad es facilitar a las autoridades competentes la identificación de productos y personas vinculadas a ellos.
Revisión de los procedimientos de prevención de las empresas
Para las organizaciones sujetas a la normativa, el cumplimiento requiere procedimientos adaptados a su actividad y a los riesgos que presentan sus clientes y operaciones.
Entre los aspectos que deben revisar, según las obligaciones y excepciones aplicables, destacan:
- Identificación del cliente y del titular real, junto con el conocimiento del propósito de la relación de negocios.
- Seguimiento de las operaciones y examen especial de aquellas que puedan presentar indicios de blanqueo.
- Comunicación al SEPBLAC cuando concurran los supuestos legalmente establecidos.
- Conservación de la documentación exigida por la normativa.
- Políticas de control interno y formación de las personas que intervienen en los procesos de prevención.
La revisión debe tomar como referencia la normativa vigente y sus disposiciones de desarrollo, teniendo en cuenta las modificaciones posteriores a la transposición de 2021. Ley 10/2010, texto consolidado del BOE.
Asesoramiento jurídico para reforzar la prevención del blanqueo de capitales
La transposición de la quinta directiva reforzó la transparencia y amplió el alcance de los mecanismos de prevención. Para las empresas afectadas, mantener sus procedimientos actualizados permite gestionar mejor los riesgos y abordar sus obligaciones con mayor seguridad jurídica.
Desde la asesoría jurídica de GSM&B ayudamos a las empresas a analizar las exigencias legales que afectan a su actividad y a adecuar sus mecanismos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
