La reciente Ley de Movilidad Sostenible, Ley 9/2025, de 3 de diciembre, introduce un nuevo marco legal para la gestión de la movilidad y el transporte en todo el territorio nacional, incidiendo de manera directa en la actividad de las empresas, estableciendo nuevas estrategias y criterios que deben inspirar y orientar tanto la planificación como la gestión de la movilidad y los transportes en un contexto de transición ecológica, sostenibilidad y adaptación a las nuevas necesidades sociales y tecnológicas.
Actualización (octubre de 2026): el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, ha reducido de veinticuatro a doce meses el plazo para disponer de los planes de movilidad sostenible al trabajo. Las empresas y entidades obligadas deben tenerlos aprobados antes del 5 de diciembre de 2026. Nuestro equipo de asesoramiento laboral empresarial puede ayudarle a comprobar si su empresa está obligada y a preparar y negociar el plan.
Obligación de elaborar e implantar planes de movilidad sostenible al trabajo
La Ley de Movilidad Sostenible, Ley 9/2025, indica que antes del 5 de diciembre de 2026, todas las empresas y entidades con centros de trabajo de más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno están obligadas a elaborar e implantar planes de movilidad sostenible al trabajo. Dicha obligación también es exigible en el sector público estatal y podrá ampliarse por regulación autonómica o municipal. El alcance incluye tanto a los empleados como a las personas visitantes, proveedores y cualquier persona que requiera acceder regularmente al centro de trabajo.
La redacción inicial de la Ley 9/2025, que entró en vigor el 5 de diciembre de 2025, concedía un plazo de veinticuatro meses. El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, modificó su artículo 26 y redujo ese plazo a doce meses, por lo que la obligación debe cumplirse antes del 5 de diciembre de 2026.
Los umbrales se aplican a cada centro de trabajo, siempre que constituya el centro de trabajo habitual de esas personas. Una organización con varias ubicaciones deberá, por tanto, analizar su plantilla centro por centro y teniendo en cuenta los distintos turnos que tenga establecidos.
Existe, además, una exigencia adicional para los denominados centros de trabajo de alta ocupación: aquellos con más de 1.000 personas trabajadoras situados en municipios o áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes deberán incorporar medidas específicas dirigidas, entre otros objetivos, a reducir la movilidad en horas punta y a promover modos de bajas o cero emisiones.
Contenido de los planes de movilidad sostenible al trabajo
La norma no prescribe una única solución válida para todas las organizaciones: las medidas deben partir de la realidad de cada centro de trabajo y de un análisis previo de la plantilla y de los medios de transporte que utiliza en sus desplazamientos.
Los planes de movilidad sostenible al trabajo deben contemplar:
- Soluciones de movilidad sostenible, como el impulso de la movilidad activa (caminar, bicicleta, ciclo), el uso del transporte colectivo, la movilidad de bajas emisiones, la adopción de servicios de movilidad compartida o colaborativa y la facilitación del uso y recarga de vehículos cero emisiones.
- Medidas para la reducción de la movilidad en horas punta, especialmente en centros de alta ocupación (>1.000 trabajadores en ámbitos metropolitanos de >500.000 habitantes), así como el fomento del teletrabajo donde sea posible.
- Medidas de prevención y seguridad vial en los desplazamientos al centro de trabajo, incluyendo acciones formativas.
- Referencia al plan de movilidad sostenible de la entidad local, cuando exista, y, en su caso, a los instrumentos de regulación aprobados por la administración competente.
- Posibilidad de compensación de la huella de carbono en los casos que corresponda.
- Inclusión, si así se regula, de la figura de un gestor de movilidad responsable del plan.
Medidas que suelen incorporarse en la práctica
Además de los contenidos que exige la ley, entre las actuaciones que habitualmente se incorporan a estos planes se encuentran:
- El fomento del transporte público.
- La promoción del vehículo compartido.
- La habilitación de aparcamientos para bicicletas o vehículos de movilidad personal.
- La implantación de medidas de flexibilidad horaria que permitan descongestionar los desplazamientos.
- El impulso del teletrabajo cuando resulte compatible con la organización productiva.
- La realización de campañas de sensibilización dirigidas a la plantilla.
- La adopción de incentivos destinados a favorecer medios de transporte sostenibles.
Negociación y aprobación de los planes
Los planes deben ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras en las empresas donde exista dicha representación. En su ausencia, se creará una comisión negociadora integrada, de una parte, por la representación de la empresa y, de otra, por una representación de las personas trabajadoras formada por los sindicatos más representativos y los sindicatos representativos del sector legitimados para participar en la negociación del convenio colectivo aplicable. En el caso de cooperativas, el plan será aprobado por el Consejo Rector.
Seguimiento, actualización y comunicación
Los planes de movilidad sostenible al trabajo deben ser objeto de seguimiento durante toda su vigencia, debiéndose elaborar un informe de seguimiento sobre el nivel de implantación de las actuaciones y medidas adoptadas en un plazo de dos años desde su aprobación y, posteriormente, cada dos años. Asimismo, la empresa deberá comunicar la aprobación o actualización del plan a la autoridad competente de la comunidad autónoma en el plazo de tres meses, para su incorporación al Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM).
Deber de coordinación en centros compartidos y participación
En los casos en que concurran en el mismo emplazamiento varios centros de trabajo con la obligación de elaborar planes de movilidad sostenible, deberá promoverse la coordinación entre ellos para el intercambio de información y la puesta en marcha de soluciones de movilidad conjuntas. Además, la promoción de la movilidad sostenible y el seguimiento de los planes deben realizarse tomando en cuenta la participación de los agentes sociales y económicos, bajo fórmulas abiertas de información y difusión.
Obligación de suministro y actualización de datos al EDIM
Las empresas están obligadas a garantizar la remisión, en plazo y forma adecuadas, de los datos y actualizaciones exigidos por el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), de conformidad con la ley y las disposiciones que la desarrollen.
Régimen sancionador
El incumplimiento de las obligaciones referidas, tales como no disponer a tiempo de un plan de movilidad sostenible al trabajo, no elaborar los informes de seguimiento o no comunicar adecuadamente los datos, constituye infracción leve, que puede dar lugar a la imposición de sanciones económicas. Las personas físicas o jurídicas responsables (empresas con más de 200 trabajadores o 100 por turno) son sujetos infractores según la ley.
Posibilidad de acceso a subvenciones
Con el objetivo de incentivar la implantación de planes de movilidad sostenible al trabajo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobará convocatorias de subvenciones para su financiación, dirigidas principalmente a empresas con centros de más de 100 trabajadores o 50 por turno. La participación en estos programas de ayuda requerirá ajustarse a los principios y objetivos de la ley, así como cumplir con los procedimientos previstos en la normativa estatal sobre subvenciones.
Otras obligaciones y recomendaciones derivadas de la Ley de Movilidad Sostenible
Se recomienda a las empresas analizar la incidencia de las obligaciones vinculadas a la movilidad sostenible en otras áreas de cumplimiento normativo (por ejemplo, información sobre emisiones, seguridad vial laboral, igualdad de género en movilidad y medidas de inclusión). Igualmente, se recuerda la relevancia de la progresiva digitalización de los documentos vinculados a la movilidad y de la adaptación a los cambios tecnológicos, en un entorno regulatorio cada vez más exigente.
Próximos pasos para las empresas obligadas
Con el plazo adelantado al 5 de diciembre de 2026, conviene comprobar cuanto antes si algún centro de trabajo supera los umbrales, realizar el diagnóstico de movilidad de la plantilla, constituir la mesa o comisión negociadora y reservar tiempo suficiente para negociar, aprobar y comunicar el plan a la comunidad autónoma. Si necesita apoyo en cualquiera de estas fases, el equipo de gestión laboral para empresas de GSM&B puede acompañarle en todo el proceso.
